En medio de la situación de parón que atraviesa la economía colombiana, y los juegos de suerte y azar en particular, el ente público regulador del sector ha decidido autorizar una nueva modalidad de juegos en internet, para con ello contribuir a aliviar la caída de ingresos que están atravesando numerosos operadores de juego y apuestas online regulados en Colombia.
Según el Acuerdo 5, que acaba de ver la luz, Coljuegos aprueba el reglamento para el nuevo juego Casino en Vivo, agrupándolo dentro de la modalidad de juegos novedosos operados por internet. Con esta medida se atienden las demandas que se venían haciendo desde la Federación Colombiana de Empresarios del sector, que ponían como ejemplo la buena experiencia de otros países para propulsar la admisión de esta modalidad de juego para casinos en línea.
Los casinos en vivo online se caracterizan porque el jugador hace su jugada remotamente, usando su ordenador o teléfono celular, y el resultado lo determina la mano de un dealer o crupier real en vivo (se apuesta contra el crupier). El jugador puede observarle en todo momento a través de webcam, e interactuar con otros jugadores mediante el chat, de manera que la experiencia se asemeja a la de jugar en un casino normal.
Con la incorporación de este tipo de juegos, las plataformas de juego en internet presentes en Colombia tendrán la oportunidad de incrementar sus productos en oferta y generar más recursos, algo que se hace ahora más necesario que nunca por la caída de las apuestas fútbol, el principal negocio para la mayoría de casas de apuestas que operan online legalmente en el país.
Pero, igualmente, añadir una nueva modalidad de juego en las páginas web de apuestas y casino supondrá un incremento de ingresos para el regulador Coljuegos, ya que incrementará la recaudación impositiva que obtiene de los operadores. Colombia es un ejemplo a seguir en este aspecto, puesto que lo recaudado es empleado en mejorar el sistema de salud para todos los colombianos
La pauta marcada por Colombia, referencia en la región
Otros países latinoamericanos ven el modelo regulatorio colombiano del juego online como referente, y entre ellos se encuentra su vecino Perú. Si bien su regulación del juego presencial es una de las más avanzadas de Latinoamérica, la del juego en línea está muy por detrás de la colombiana. En Perú existe una entidad que vela por mantener el marco legal del sector, la Dirección General de Juegos, y tiene entre sus funciones perseguir a empresas que incurran en malas praxis u operen ilegalmente y fomentar el juego responsable entre los peruanos, pero sólo regula al segmento offline.
Con la revolución tecnológica que la industria está experimentando, ahora el reto para el país es desarrollar un marco normativo adecuado para el juego en internet. Esta modalidad de juego es perfectamente legal en Perú por no ser una actividad perseguida, pero se podría decir que es más bien alegal porque no existe una legislación específica, de ahí que el camino a seguir parezca ser el colombiano, e incluso el español – en Colombia se usó como inspiración.
Hace dos años el gobierno peruano anunció un plan regulatorio, pero desde entonces no se han producido avances significativos; lo que, unido a la situación actual, hace prever que tampoco los habrá en próximos meses. Ello plantea un problema para el apostador, que puede acceder fácilmente a páginas de apuestas ilegítimas y no seguras. Para evitarlo, existen herramientas en las que apoyarse, como por ejemplo análisis y comparativas de casas de apuestas legales – registradas para ofrecer sus productos en internet – que operan en Perú.
Como demuestran los enfoques legislativos europeos, y primordialmente el colombiano para los países latinoamericanos, contar con una regulación sólida es la mejor manera de estabilizar el negocio y crear un entorno seguro. Sobre esa base se está en disposición de perseguir malas prácticas por parte de los operadores y de ofrecer a los apostadores garantías de seguridad. Además, los ingresos impositivos que los gobiernos obtienen pueden ser empleados en servicios públicos, tales como el sistema sanitario tal y como se hace en Colombia.
