Durante el periodo de 1970 a 1991, el Reino Unido experimentó uno de los escándalos de salud pública más graves de su historia: la infección de 30.000 personas con VIH y hepatitis a causa de transfusiones de sangre contaminada. Un informe contundente ha revelado que esta tragedia era en gran parte evitable, señalando a las autoridades médicas y gubernamentales por una serie de fallos críticos.
Cerca de 3.000 personas han muerto después de recibir sangre contaminada a través del Servicio Nacional de Salud (NHS). El informe, encabezado por Sir Brian Langstaff, determina que los médicos, el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) y los gobiernos «reiteradamente» fallaron a las víctimas. La investigación detalla un «catálogo de errores» que culminó en una auténtica catástrofe sanitaria.
Errores puntuales en el manejo de la sangre
Aunque se conocían los riesgos de transmitir infecciones virales a través de la sangre y sus derivados, las autoridades siguieron administrándolos a pacientes durante años, exponiéndolos a «riesgos inaceptables». Algunos de los errores críticos incluyen:
- La falta de medidas para detener la importación de productos sanguíneos del extranjero, que contenían sangre de donantes de alto riesgo, como presos y drogadictos.
- En el Reino Unido, las donaciones de sangre de grupos de alto riesgo, como los presos, no se suspendieron hasta 1986.
- La sangre no fue tratada para eliminar el VIH hasta finales de 1985, a pesar de que los riesgos eran conocidos desde 1982.
- La realización insuficiente de pruebas para reducir el riesgo de hepatitis desde los años 70.
Un encubrimiento sistemático
El informe también revela una preocupante falta de transparencia, responsabilidad y actos de «engaño descarado», incluyendo la destrucción de documentos. Varias entidades son acusadas de ocultar la verdad y de no informar a las personas sobre los riesgos del tratamiento que recibían, las alternativas disponibles y, en algunos casos, incluso de que estaban infectadas.
Sir Brian concluye que la tragedia «no fue un accidente». Las infecciones ocurrieron porque aquellos en posiciones de autoridad, incluidos médicos, servicios de donación de sangre y gobiernos sucesivos, no priorizaron la seguridad del paciente. La respuesta de las autoridades «agravó el sufrimiento de las personas».
Responsabilidades de las autoridades
El informe no escatima en señalar a los responsables. Destaca, entre otros, a la ex Primera Ministra Margaret Thatcher y su gobierno, por rechazar las solicitudes de compensación con afirmaciones «erróneas» sobre la calidad del tratamiento proporcionado a las víctimas.
La actitud combativa del ex Ministro de Salud Ken Clarke también fue duramente criticada. Además, el especialista en hemofilia, el Profesor Arthur Bloom, tuvo una influencia desmesurada en la percepción del gobierno sobre el sida y minimizó la amenaza para las personas con trastornos hemorrágicos.
El NHS y varias instituciones más, como el Hospital Infantil de Birmingham y la Escuela Treloar, también fueron mencionados en la investigación. Se resaltó que los servicios de donación de sangre del Reino Unido no aplicaron criterios suficientemente estrictos en la selección de donantes.
Compensaciones para los afectados
En respuesta a la tragedia, el gobierno británico ha comenzado a otorgar pagos de hasta 100.000 libras a unos 4.000 supervivientes y sus familias, aunque se prevé que las compensaciones finales sumen miles de millones de euros.
El escándalo de la sangre contaminada en el Reino Unido sigue siendo un recordatorio trágico de la importancia de la transparencia, la responsabilidad y la prioridad de la seguridad del paciente en el ámbito sanitario.
